En la sala de audiencias estuvieron presentes los familiares de las víctimas de Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Mientras, una pantalla ubicada sobre el frente de la Cámara Federal de Apelaciones, en 25 de Mayo 256, permitió a quienes concentraron sobre la avenida seguir las instancias de la jornada final del juicio: el veredicto.

Allí estuvieron organismos de Derechos Humanos, familiares, ex presos políticos y compañeros de militancia de las víctimas; partidos y agrupaciones políticas; AGMER, ATE y CTA Entre Ríos, entre otras
organizaciones gremiales; estudiantes secundarios y universitarios; y militantes sociales.
La Dra. Lilia Carnero, quien integró el Tribunal Oral junto a Roberto López Arango y Noemí Berros, fue la encargada de dar lectura a la sentencia en el juicio contra siete imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Entre Ríos.

El fallo no dejó pasar que lo que se juzgó fueron delitos cometidos «en el marco de un genocidio». Y luego, una una se dieron a conocer las condenas: a Dasso y Valentino se los encontró coautores responsables de los delitos de asociación ilícita, allanamiento ilícito de domicilio, privación ilegal de la libertad y tormentos; de las desapariciones forzadas seguidas de homicidio agravado de Sixto Zalasar, Julio Solaga, Norma Beatriz González y Alfredo Dezorzi. A ambos les correspondió prisión perpetua.

Fueron las dos primeras condenas que se leyeron. Y tanto en el interior de la sala,como en la concentración sobre Avenida 25 de Mayo, se respondió con aplausos, cánticos y lágrimas.

En tanto, quienes integraban la Policía Federal de Concepción del Uruguay, Francisco Crescenzo y Julio César Rodríguez, recibieron penas de 10 y 15 años de prisión. Y fueron absueltos de los cargos que se le imputaban los ex policías Juan Carlos Mondragón y Marcelo Pérez, y el militar retirado Santiago Kelly del Moral. Con amargura y lógica desazón recibieron los querellantes y familiares la noticia de las absoluciones, pero la mayor indignación se expresó cuando el Tribunal informó que se mantendría la prisión domiciliaria. «Cárcel común» se escuchó como reclamo unánime.

No obstante, al concluir la lectura y poco antes de dar comienzo a los números musicales previstos en el escenario que se montó frente a la Cámara Federal, se celebraron las cuatro condenas logradas, fruto de una larga e inquebrantable lucha de familiares, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.

«Este es un acto de Justicia que no se les dio a nuestros familiares. Tuvimos que esperar mucho para que esto pasara», reflexionó conmovido el hijo de Emanuel Dezorzi, al término de la audiencia.
Por su parte, el abogado querellante, Álvaro Piérola, entendió que los condenados “deberían ir a cárcel común y no ha sido dispuesto así”. No obstante, adelantó que se interpondrán los recursos que corresponden para lograr la prisión efectiva en cárcel común.

La causa

Todo el proceso, conocido como megacausa Harguindeguy, reunió tres causas por delitos de lesa humanidad: Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. 30 víctimas en total, casi 200 testigos y finalmente siete imputados: Naldo Miguel Dasso, Juan Miguel Valentino, Santiago Carlos Hector Kelly Del Moral (los tres del Ejército); Francisco Crescenzo, Julio Cesar Rodríguez (ambos de la Policía Federal); Juan Carlos Mondragón y Marcelo Alfredo Perez (Policía de Entre Ríos).
Fue el primer juicio que sentó en el banquillo -como principal imputado- al ex ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, quien falleció sin condena el 29 de octubre pasado.

Las víctimas

En Concordia, las víctimas de los hechos fueron: Sixto Francisco Salazar, Julio Alberto Solaga y Juan José Durantini. Tanto Salasar como Solaga continúan desaparecidos. El centro clandestino de detención funcionó esencialmente en el Regimiento de Caballería, a cargo del entonces teniente Coronel Naldo Miguel Dasso.

En Concepción del Uruguay fueron víctimas: Cesar Manuel Román, Juan Carlos Romero, Víctor Alberto Baldunciel, Juan Carlos Rodríguez, Roque Minatta, Hugo Mario Maffei (fallecido) y José Pedro Peluffo, todos estudiantes secundarios y militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Además, Carlos Atilio Martínez Paiva, Carlos Horacio Valente (fallecido) y Juan Domingo Santamaría eran militantes de la Juventud Peronista (JP) y también fueron llevados a la misma delegación. Jorge Orlando Felguer y Hugo Emilio Angerosa fueron secuestrados por el Ejército en Gualeguaychú y llevados a la Delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay. Cesar Rubén Arrigo, Carlos María Urquiza, Héctor Raúl Respaud, Carlos Julián Cáceres, Jorge Guillermo Aldaz, Juan Eduardo Casaretto, integraban la Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza.

En Gualeguaychú, fueron víctimas de los hechos que se investigaron: Oscar Alfredo Dezorzi, Norma Beatriz González, Víctor Carlos Ingold, Héctor Rodríguez, Félix Donato Román, Enrique Roberto Zapata, Emilio Raúl Martinez Garbino y Jaime Gustavo Martinez Garbino.