Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos

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24/04/2013

AGMER quiere que se modifique la normativa que rige las asignaciones familiares por discapacidad

La Secretaría de Jubilados de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) solicitó una audiencia al presidente de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías, para plantearle una “actualización de la normativa” que rige la entrega de Asignaciones Familiares por Discapacidad con el fin de “agilizar” el trámite correspondiente. Según se informó a APF, el sindicato pretende que se reconozca la certificación oficial que extiende el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi).

Según señala el secretario de Jubilados de Agmer, Roque Santana, la actual normativa “es obsoleta y genera dificultades a la hora de percibir con celeridad beneficios sociales”.
“Concretamente, la normativa que establece la percepción de las Asignaciones Familiares por Discapacidad, asignación que no depende de la edad cronológica, sino de la presencia de una discapacidad, genera una dificultad en el momento en el que la persona con discapacidad, o hijo del beneficiario, cronológicamente llegan a la mayoría de edad”, explicó el dirigente.
Al brindar más detalles de la normativa vigente, dijo que cuando esto sucede “la Caja de Jubilaciones cita al beneficiario previsional con su hijo/a discapacitado a la realización de una Junta Médica con profesionales del organismo, basándose en el decreto 3171/85, el cual es obsoleto y no tiene previsto realizar Juntas a los hijos, hijas de los beneficiarios”.
“Desde los ’90, especialmente en la última década, se ha promulgado normativa moderna y en consonancia con la Convención Internacional de la Persona con Discapacidad, a tal punto que en Entre Ríos contamos con la Ley 9891/08 ‘Ley Provincial de Discapacidad’ y con la creación del Instituto Provincial de Discapacidad se extiende el Certificado Único de Discapacidad con cobertura nacional”, indicó.
Pero más allá de ello, la Caja de Jubilaciones “prosigue citando a las personas con discapacidad a Juntas Médicas, sin costear los costos de traslados ni del interesado, ni de los acompañantes, lo cual genera complicaciones familiares y gastos económicos”, apuntó.
Luego recordó que desde el sindicato han realizado “gestiones administrativas” para que no se exponga a este trato a quiénes no deben estar validando constantemente su situación de discapacidad y sostuvo que “la letra de la normativa habla de ‘insania. En tal sentido, destacó que “el único que declara la insania es el Poder judicial”.
A su vez, mencionaron que en otros organismos del Estado, como por ejemplo el Consejo de Educación y la Uader, aunque el hijo discapacitado cumpliera la mayoría de edad, de hecho no se le realiza Junta Médica, ya que el que certifica esta condición de vida es el Iprodi”.
En este marco, desde Agmer instaron a las autoridades de la Caja de Jubilaciones a “revisar esta normativa” y a reconocer la certificación que otorga el organismo creado para ese fin, el Iprodi. (APF.Digital)

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