Se ha anunciado y puesto fecha para el 4 de octubre próximo, a una extorsión lisa y llana a las provincias, autorizando a la ANSES a auditar a los sistemas previsionales provinciales.
En función de los avances logrados en dicho proceso de armonización el gobierno nacional les puede negar u otorgar financiamiento. Las provincias deben “armonizar” con Nación, en cuanto a edad jubilatoria, años de servicios exigidos, determinación del haber jubilatorio inicial, y mecanismo de movilidad de haberes.
En verdad el gobierno continúa con la aplicación de la Ley N° 27.260 y su decreto reglamentario, el Nº 894/16, cuya “reparación histórica” en realidad ha digitado juicios para una minoría de jubilados, bajó impuestos a los ricos y le permitió a grandes evasores del Estado repatriar su dinero mal habido sin ningún problema.
Queda claro que el gobierno apuesta a acelerar el proceso de destrucción del sistema previsional Público, Solidario y de Reparto, exigiendo a las provincias que completen a la brevedad sus procesos de “armonización” mientras que también cumple su objetivo de desfinanciamiento y desaparición del fondo de garantía de sustentabilidad del ANSES.
A esta situación, que oportunamente denunciáramos en agosto de 2016, se suman las preocupantes y llamativas declaraciones de Gustavo Bordet publicadas en la prensa, en donde exige “trato igualitario para Entre Ríos” pero lo hace en dirección a desprenderse de la Caja, ya que subraya que poco importaría “la palabra que se utilice, sea armonización, equiparación, reasignación”.
Y más aún cuando reduce las jubilaciones a un problema de “déficit” y transforma los derechos jubilatorios de todos los trabajadores estatales de carne y hueso en números al sostener que “si no existiría el déficit de la Caja, la provincia estaría en equilibrio, inclusive con superávit”.
En Entre Ríos, AGMER viene exigiendo que el gobierno provincial no elabore planes que tengan que ver con tocar nuestra Ley 8732 de Jubilaciones, respecto a la cual hemos sostenido su defensa irrestricta, congreso a congreso, y en cada instancia donde debamos expresarnos como conducción del colectivo docente. El gobierno provincial debe dejar toda ambigüedad y supuesta confusión y ponerse a la cabeza de defender sin vueltas los intereses de los trabajadores entrerrianos
No somos solamente los docentes los afectados por estas políticas, sino el conjunto de los trabajadores provinciales de Entre Ríos, donde la defensa irrestricta de nuestra Caja de Jubilaciones tiene jalones históricos de resistencia.
Llamamos a los docentes activos y jubilados, así como al conjunto de trabajadores estatales y jubilados provinciales a acciones que nos permitan sostener unidad en la lucha por la defensa de nuestros derechos previsionales, en defensa irrestricta de nuestra Ley 8732 y todo intento de armonización que cambie equilibrio fiscal por entrega de derechos sociales.
Fabián Peccín
Sec. General – AGMER CDC