Desde la Comisión Directiva Central de AGMER celebramos el fallo del Superior Tribunal de Justicia que deja firme la sentencia que prohíbe realizar fumigaciones por vía terrestre o aérea en las proximidades de los establecimientos educativos rurales. Consideramos que esta definición del máximo órgano del poder judicial de la provincia de Entre Ríos es en parte fruto de la lucha que viene sosteniendo nuestro sindicato en conjunto con las organizaciones ambientales, las comunidades educativas y los expertos que han aportado elementos concretos para comprender el riesgo de los agrotóxicos.

Cabe recordar que había sido el propio gobierno provincial el que apeló la sentencia de primera instancia, dictada el pasado 1 de octubre, mediante la cual se establecía la prohibición de fumigar con agrotóxicos alrededor de todas las escuelas rurales de Entre Ríos, en un radio de mil metros por tierra o tres mil metros por aire, a la vez que exhortaba al Estado a realizar estudios que permitan la definición de pautas objetivas para el uso racional de químicos y agroquímicos, poniendo el acento sobre la prevención de los daños. En esta oportunidad, el STJ toma como premisa que el Derecho Ambiental “no persigue la eliminación de las actividades productivas, sino que las mismas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.

Otro de los puntos que forma parte de la sentencia original y que queda confirmado es la condena que obliga al Estado provincial a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento cincuenta metros de todas las escuelas rurales de la provincia, de modo que se refuercen los medios tendientes a asegurar la protección de quienes asisten cotidianamente a dichas instituciones para enseñar y aprender.

Es importante destacar el papel desempeñado por AGMER y su Campaña “Paren de Fumigar las Escuelas”, que junto al Foro Ecologista de Paraná actuaron como firmantes del recurso de amparo ante el STJ, con el respaldo de los demás colectivos en defensa del ambiente y referentes del mundo académico que formaron parte de este arduo proceso de generación de conciencia en torno a los peligros que encierra la profundización de un modelo productivo basado en el uso de agrotóxicos, el cual arroja consecuencias irreparables tanto para el medio como para la salud de nuestras poblaciones rurales, promoviendo formas alternativas y sustentables de producción agropecuaria.

Del mismo modo y en consonancia con lo expuesto en el fallo, compartimos con el STJ que “la imposición de límites o restricciones en aras a la protección de la salud, en modo alguno impide el ejercicio de la actividad agropecuaria”. Es así que entendemos, como organización que defiende los derechos colectivos tanto de los trabajadores como de los alumnos, que la salud de las comunidades educativas no puede ser la moneda de cambio para garantizar la rentabilidad extraordinaria de algunos emprendimientos, tal y como señala el órgano judicial al plantear que “hasta los galpones avícolas se encuentran protegidos con una franja de resguardo para las fumigaciones, mientras que los niños –y docentes– que asisten a los establecimientos educativos rurales, no lo están”.

Es por esto que ratificamos nuestra lucha incansable a favor de la educación pública como derecho social y como responsabilidad indelegable del Estado, no sólo en lo que refiere a las condiciones salariales de la docencia, sino también con relación a la necesidad de asegurar que los procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollen en un ambiente sano, promoviendo al mismo tiempo la construcción de una sociedad con soberanía alimentaria y libre de contaminación para nuestros pueblos.

» Marcelo Pagani | Secretario General – AGMER CDC
» Ana Delaloye | Secretaria Adjunta – AGMER CDC
» Guillermo Zampedri | Secretario Gremial – AGMER CDC
» Mario Bernasconi | Secretario de Derechos Humanos – AGMER CDC