Hay una discusión de fondo que nos debemos como sociedad acerca del modelo productivo predominante, que se sustenta en la promesa del desarrollo económico, pero acarrea consecuencias sociales, sanitarias y ambientales que no son parte de ninguna ecuación económica. Para producir de esta manera hacen falta pocos brazos, las tierras se concentran en pocas manos y cada vez hay menos población rural. La frontera agrícola avanza sobre los montes nativos y las consecuencias del desmonte son innegables:  temperaturas extremas, períodos de sequía agobiante seguidos de inundaciones que avanzan destruyendo nuestras ciudades costeras.  Además, la exposición a agroquímicos tiene impacto en la salud de nuestra población. Cada vez que hablamos sobre los recursos de los entrerrianos planteamos la necesidad de un cambio en el modelo productivo.

Sin embargo, nuestra provincia no debate hoy el modelo productivo. Lo que debate es un proyecto de ley que viene a reemplazar el marco legal vigente que regula la aplicación de fitosanitarios. 

En Entre Ríos hay cerca de 800 escuelas rurales. El Decreto 2239/19 y su modificatorio (Decreto 2895/20) vigentes a la fecha, asigna al  directivo funciones no inherentes al trabajo docente, determinando responsabilidades civiles y funcionales por fuera del contrato laboral, de resolver los  conflictos  que se susciten a raíz de una aplicación. 

Como organización sindical expusimos nuestras demandas en la Comisión de Diputados hace pocos meses. Exigimos que cualquier discusión en torno al marco normativo de fitosanitarios incluya la derogación de esta norma que no sólo desnaturaliza nuestra función social y genera una sobrecarga de tareas, sino que nos responsabiliza sin la formación adecuada. 

Para proteger la salud de la población el Estado debe asumir la responsabilidad de implementar programas de monitoreo que proporcionen información estadística sobre enfermedades relacionadas con la exposición a estos productos. En el caso de los trabajadores, estas enfermedades deben ser reconocidas como profesionales en la ART cuando los lugares de trabajo estén en zonas de exposición.

En materia de distancias, desde siempre hemos sostenido y especialmente lo manifestamos en oportunidad de participar en la Comisión Legislativa de la Cámara de Diputados,  que quien regule estas actividades, tiene como piso incuestionable e imprescindible -y por tanto responsabilidad funcional- la de cumplir las que han sido recogidas en las sentencias dictadas. Hacerlo de otro modo implicará una regulación regresiva y con ello, la violación de derechos y garantías que nos otorga la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales. 

Continuamos  demandando el cumplimiento del Fallo firme dictado en la causa “FORO ECOLOGISTA Y AGMER C/ SUP. GOBIERNO DE ENTRE RIOS. ACCION DE AMPARO” que en fecha 1/10/2018 condenó al Estado Provincial a implantar, en el plazo de 2 años, barreras vegetales a una distancia de 150 mts. de todas las escuelas rurales de la Provincia, medida que tiene una función de tutela de las escuelas. En el mismo sentido exigimos  un protocolo de higiene con los cuidados necesarios antes de que niños y docentes retornen a la escuela luego de realizadas estas prácticas  y  un protocolo de actuación cuando se produzcan aplicaciones que violen las leyes vigentes. 

El proyecto enviado al Senado incorpora la Derogación del Decreto 2239/19, recomienda la incorporación como enfermedad profesional a las patologías asociadas a la exposición a fitosanitarios que sean denunciados por los trabajadores.  Dispone la elaboración de un protocolo de limpieza y un protocolo de actuación cuando se produzcan aplicaciones por fuera de la Ley, estableciendo para el dictado de los protocolos un plazo máximo de 90 días. Establece que las aplicaciones se realicen fuera del horario escolar y que sean notificadas a las instituciones con 48 horas de antelación. Dispone la georreferenciación de escuelas rurales, la plantación de cortinas vegetales. Instruye al Ministerio de Salud a incorporar la vigilancia epidemiológica de los eventos relacionados con la exposición a estos productos. Prevé también el monitoreo ambiental y un cuerpo de inspectores. 

Estos puntos son parte de la demanda histórica que como organización sindical hemos planteado en forma permanente porque constituyen un piso mínimo de resguardo de las escuelas y sus comunidades. 

Sin embargo, observamos en el proyecto con mucha preocupación una reducción de las distancias vigentes que representan un retroceso con respecto a los fallos judiciales existentes, que de ninguna manera pueden ser ignorados por uno de los poderes del Estado. Resulta inaceptable que las distancias se reduzcan en algunos casos a 15 metros de las escuelas (aplicaciones con drones y mochilas) o que disminuyan las distancias como en el caso de las aplicaciones terrestres y aéreas (dispuestas en el proyecto a 100 y 500 metros respectivamente). 

Han cobrado fuerza  discursos que reducen nuestros suelos, ecosistemas, flora y fauna, el aire y el agua a mercancías.  La defensa de los bienes naturales comunes es esencial para  la vida de todos. 

La educación ambiental es la puerta para encontrar a quienes estén del otro lado, construir vínculos solidarios e impulsar acciones de cuidado y lucha en defensa de lo colectivo. La educación ambiental es la herramienta que nos otorgan las leyes internacionales y nacionales vigentes y, sin dudas, la más poderosa para poner en debate el modelo productivo dominante de modo de garantizar un futuro  a las generaciones venideras.  

La defensa de la soberanía de los pueblos sobre sus bienes naturales comunes implica un compromiso ciudadano con el cuidado de la naturaleza, el derecho a vivir en un ambiente sano, del acceso al agua y a alimentos libres de agrotóxicos, la defensa de la biodiversidad,  nuestra cultura y nuestra identidad.

Comisión Directiva Central | AGMER

Sobre la exposición de AGMER ante la comisión de Diputados.

AGMER expuso en Diputados sobre el proyecto de ley de fitosanitarios