El Consejo de Secretarios Generales de AGMER, reunido en la ciudad de Paraná a los 14 días del mes de febrero de 2018, luego de haber analizado el actual contexto nacional y provincial, especialmente en lo referido a la realidad que atraviesan los trabajadores y la educación pública, expresa al conjunto de la docencia entrerriana, a los gobiernos nacional y provincial y a la comunidad en general lo siguiente:

– Advertimos en las políticas de ajuste que se vienen implementando a nivel nacional con el acuerdo de las provincias un sesgo profundamente regresivo en materia de derechos, donde la pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores contrasta con la indiscriminada transferencia de recursos a los sectores más concentrados de la economía, lo cual se traduce en un país que crece en desigualdad y avanza en el desfinanciamiento de la educación y la salud pública, cuestión que coloca a las capas más vulnerables de la sociedad en un riesgo cada vez mayor y que no puede pasar inadvertida para quienes bregamos por una Argentina justa e igualitaria.

– Denunciamos y repudiamos la escalada represiva para hacer pasar el ajuste frente a la resistencia popular.

– Observamos que el paquete de reformas en materia impositiva, previsional y laboral que viene impulsando el gobierno nacional en el ámbito legislativo es contrario a los intereses de la clase trabajadora, puesto que se echan por tierra numerosas conquistas que a lo largo de los años han sido arrancadas a los patrones gracias a la lucha sostenida del movimiento obrero organizado, reforma acompañada por legisladores de la misma línea política de Bordet y la mayoría de los gobernadores. Del mismo modo, insistimos en nuestra defensa irrestricta de la Ley N° 8.732 y de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de nuestra provincia, oponiéndonos de forma categórica a cualquier tipo de armonización y a toda modificación que implique la pérdida del 82% móvil, la elevación de nuestra edad jubilatoria, y demás derechos que nuestra ley consagra.

– Vemos con enorme preocupación la creciente avanzada contra las organizaciones sindicales y sus representantes, orquestada por los formadores de opinión de los grandes medios concentrados en alianza con el gobierno nacional y provincial, conscientes de que su principal objetivo es disciplinar cualquier tipo de expresión disidente y desprestigiar la legitimidad del movimiento obrero a través de la estigmatización de quienes encabezan las diferentes acciones de lucha para enfrentar las políticas de ajuste.

– Denunciamos la ilegalidad del decreto de necesidad y urgencia n° 052/18 firmado por el presidente el 17 de enero, mediante el cual se desconoce la Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075 al eliminar la Paritaria Nacional Docente, a la vez que se vulnera la legitimidad de la representación de los trabajadores de la educación al ignorar en la mesa de discusión el lugar de la CTERA como la mayor organización docente a nivel nacional. En este sentido, exigimos al gobierno nacional que deje sin efecto esta medida arbitraria y convoque de forma inmediata a los sindicatos para discutir el piso salarial que sirva como referencia para el conjunto de las provincias.

– Reiteramos al gobierno provincial que hasta el momento no ha dado cumplimiento a la cláusula del acuerdo salarial de 2017, homologado en acuerdo paritario y publicado en el boletín oficial el 5 de octubre pasado,  que estableció que ningún trabajador docente percibiría un incremento menor al porcentaje acumulado anual del Índice de Precios al Consumidor Nivel General publicado por el INDEC, puesto que en el informe del organismo correspondiente al mes de diciembre se anunció que dicho valor ascendió al 24,8%, ubicándose 1,3% por encima de lo acordado en la mesa de negociación, por lo que exigimos que se arbitren las medidas para garantizar el pago de un incremento equivalente a esta diferencia a partir de diciembre, cuestión que bajo ningún aspecto puede formar parte de la próxima discusión salarial debido a que responde al acuerdo firmado en junio del año pasado.

– Ratificamos lo resuelto por el CLXXX Congreso Extraordinario de nuestra entidad, llevado a cabo el 20 de diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguay, el cual declaró el estado de alerta permanente frente al escenario político, económico y laboral que atraviesan el país y la provincia, advirtiendo con la debida antelación sobre el riesgo de no iniciar el ciclo lectivo 2018 en caso de que no haya una propuesta salarial que responda a las necesidades de los docentes, la cual debe ser presentada por la patronal con el tiempo suficiente para que pueda ser puesta a consideración por el colectivo docente mediante los mecanismos democráticos de decisión que siempre nos han caracterizado, siendo en el caso contrario el gobierno provincial el único responsable de que no comiencen las clases en las escuelas de Entre Ríos.

– Llamamos a la participación de todos los trabajadores para construir estrategias de organización y lucha conjuntas que permitan poner un freno a la embestida de los gobiernos nacional y provincial, solidarizándonos con aquellos compañeros estatales y privados que han sufrido recortes en sus fuentes de trabajo, así como también la persecución y represión en manos de las fuerzas de seguridad, renovando nuestro compromiso con la unidad en la acción en el marco de las centrales sindicales. En este sentido, convocamos a confluir en la marcha y la jornada nacional de lucha del miércoles 21 de febrero junto a otros sindicatos y movimientos sociales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en defensa de nuestros derechos para ponerle freno al ajuste, el cual viene llevándose a cabo en un marco de escalada represiva por parte de las fuerzas de seguridad.

Suscriben esta declaración los Secretarios Generales de las Seccionales de AGMER de los 17 departamentos de la provincia:

Colón, Concordia, Diamante, Federación, Federal, Feliciano, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, La Paz, Nogoyá, Paraná, San Salvador, Tala, Uruguay, Victoria y Villaguay.