El Plenario de Secretarios Generales y la CDC de AGMER, reunidos en la ciudad de Colón y bajo la advocación del compañero de Gualeguay Juan Carlos Manzán, recientemente fallecido, declara:

– Que expresamos nuestra preocupación por el avance del proceso inflacionario y del fuerte impacto de la reciente devaluación, además del escenario que se abre producto del aumento de las tarifas de servicios a partir de la eliminación de subsidios y de aumentos. Esta situación es un ataque al salario de los trabajadores y una transferencia de recursos a sectores concentrados de la economía.

– Que es imperioso que el gobierno de la provincia realice una oferta salarial de manera inmediata independientemente de las definiciones de la paritaria nacional;

– Que exigimos una recomposición salarial por encima del 45 % y una recomposición de emergencia del 20 % para el mes de febrero, a cuenta de la futura definición, con cláusula de revisión en caso de una nueva devaluación, enmarcada en los criterios definidos por la Comisión de Salario y Nomenclador del sindicato, reunida el 02 de febrero en la ciudad de Gualeguaychú, que entre sus puntos centrales plantea:

– Recomposición salarial en blanco,

                – Remuneratividad del FONID, generando la movilidad para los jubilados.

                – Devolución de los días descontados por huelga

– Ratificamos lo resuelto en nuestro último Congreso Extraordinario de la entidad: nos declaramos en Estado de Alerta y Movilización;  con realización de asambleas que cada seccional acordará y en las que se analizará este documento. Ratificamos el no inicio del ciclo lectivo si no hay una propuesta salarial que dé respuestas a la devaluación salarial y convocamos, a una jornada provincial de lucha con fecha a determinar por la CDC.

– Remarcamos la defensa irrestricta del régimen de licencia docente, exigimos políticas de prevención de la salud laboral para todos los trabajadores de la educación –en este sentido hemos presentado propuestas que duermen en los cajones- y anunciamos que demandamos mayor licencia por paternidad, maternidad y lactancia acorde a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y de adopción de acuerdo a los procesos previstos por el Registro de Adopción de nuestra provincia. Demandamos también que, al igual que se hizo en otras provincias se incluya la licencia para las víctimas de violencia de género. De ninguna manera vamos a aceptar que se mezcle la discusión del ausentismo con la disputa salarial.

– Repudiamos la decisión política de dar marcha atrás con la convocatoria a concurso de los cargos directivos de las escuelas Nina y respaldamos el pedido de renuncia hecho por el Secretario General del Sindicato Fabián Peccín, a todos los funcionarios que firmaron la Res. 102/16 CGE. En este sentido denunciamos que las operaciones político partidarias no pueden avanzar sobre la autonomía del Consejo General de Educación.

– En ese contexto rechazamos las declaraciones formuladas por Andrés Casaretto (Director General de Escuelas, CGE) donde –sin soportes estadísticos ni estudios sobre la materia que se conozcan- sostiene públicamente que “las escuelas Nina han fracasado”. Venimos de una abierta vulneración del sistema concursal llevado adelante la semana pasada, preocupa ahora estos planteos en tanto son atentatorias de los marcos normativos que parece el Director General desconoce: Ley N° 26075 (Financiamiento Educativo), Art. 2, inciso “b” “… lograr que, como mínimo, el 30 % de los alumnos de educación básica tengan acceso a escuelas de jornada extendida o completa…” Ley N° 26.206 (de Educación Nacional), Art. 28 “las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa…” Ley N° 9890 (provincial de educación), Art. 31 “la educación primaria ofrece una organización institucional y curricular flexible, extendida o completa”; Art. 33 “se proveerá a la jornada extendida y completa para favorecer el desarrollo de actividades que permitan intensificar la lectura, la escritura, el cálculo y acciones culturales, artísticas…”. Reclamamos por tanto que las autoridades políticas hagan público qué lineamientos van a sostener en materia educativa, si va a ser vulnerando el Estatuto del Docente Entrerriano y el sistema concursal –además de ignorar los marcos normativos señalados- o del respeto a dichos marcos legales. Exigimos, a su vez, un proceso de evaluación de las escuelas Nina que aborde integralmente todas las aristas de su desarrollo desde febrero de 2012 hasta la fecha.

– Además reiteramos las siguientes demandas ya realizadas a las autoridades del CGE y sobre la que no hay respuestas suficientes:

– Requisitos y reglamentación para la designación por concurso de los Directores Departamentales de Escuelas.

– La inmediata designación en el CGE de los Directores de Nivel Inicial y de Secundaria, cargos aun vacantes.

– Exigimos la convocatoria inmediata a los efectos de tratar cuestiones pendientes en el campo de las condiciones laborales vinculadas a procesos de titularización y concursos en los diversos niveles y modalidades.

– Debe asegurarse al CGE un sistema de recursos  materiales e informáticos actualizados y eficientes que posibiliten la desburocratización del organismo.

– La estabilidad de los docentes es una demanda al Consejo General de Educación. En ese sentido exigimos que salgan de inmediato los listados de niveles primario e inicial en todas sus modalidades y se cubran todos los cargos vacantes de supervisores de acuerdo a la normativa vigente, Acuerdo Paritario Resolución Ministerial 783/12.

– Demandamos que se cierren todos los procesos de titularización en marcha en el Nivel Secundario, tanto para cargos de ingreso, directivos y horas cátedras. En cuanto al Nivel Superior demandamos que se avance en la reglamentación de los concursos a fin de darles estabilidad a los trabajadores del Nivel.

– Exigimos el pleno ejercicio concursal para la designación de todos los cargos del escalafón docente, incluyendo a los Técnicos del CGE.

– El inmediato pago de los salarios a los docentes que se han desempeñado en el 2015 en los distintos planes y programas de inclusión como ser FiNes, PMI, CAI Y CAJ. Advertimos que de no asegurarse la transferencia de recursos del estado nacional peligran estas fuentes de trabajo docente.

– Aumento urgente de las partidas de limpieza y para comedores escolares.

– En cuanto a las políticas educativas planteamos:

– Debe avanzarse con políticas concretas que aseguren la obligatoriedad de la educación fijada por la Ley de Educación Nacional y la presencia del Estado en la educación desde la estimulación temprana hasta la educación superior y universitaria.

– Consideramos estratégicas las experiencias de prolongación de jornada escolar con condiciones de trabajo estables, por lo que deben profundizarse estas experiencias.

– Con el mismo sentido, la educación en derechos humanos y sociales, la educación sexual, la integración de alumnos con capacidades diferentes y la defensa del medio ambiente, la recuperación de las lenguas e identidades latinoamericanas, deben ser parte fundamental de las definiciones de políticas

– Exigimos cumplimiento de todos los acuerdos paritarios, en especial el de transporte e infraestructura, que hasta el momento en muchos de sus puntos han sido desconocidos, motivo por el cual han sido objeto de presentaciones ante el Ministerio de Trabajo y, próximamente, de presentaciones judiciales en caso de no existir voluntad de concretarlos.

– Entre las muchas situaciones puntuales en los diversos departamentos de la provincia que esperamos poder dialogar con el Poder Ejecutivo destacamos que son decenas las obras de escuelas paradas por falta de pago por parte de la Provincia y la no transferencia de los recursos de programas nacionales, debe ser prioridad de la nueva gestión, no solo continuar con estas obras, sino atender las demandas de las diversas comunidades educativas en cuanto a condiciones edilicias.

– Ratificamos también nuestro compromiso con las Obras Sociales de los trabajadores demandando que se restituya al IOSPER el 2 % de los aportes patronales. Los trabajadores nos merecemos una buena atención de nuestra salud y para eso es necesario que los aportes que reciba nuestra obra social sean acordes a los que reciben otras Obras Sociales. En este sentido, exigimos al nuevo Poder Legislativo Provincial la inmediata sanción de la Ley Antiplus, que tiene media sanción de Diputados, para que ningún sector corporativo saque ventaja de las necesidades de los trabajadores.

– Ratificamos nuestro compromiso con la defensa de la Caja de Jubilaciones expresando que no sólo nos oponemos a cualquier intento de modificación de la ley jubilatoria, sino que en ello también fundamentamos la decisión de no recibir cifras en negro en nuestro salario.

– Expresamos que así como nos opusimos a la sanción de la Ley Antiterrorista nos oponemos a cualquier intento de avance que criminalice la protesta social al igual que exigimos el pleno cumplimiento de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual.

– Además le manifestamos que –como en estos años en que conquistamos más del 6% del PBI para educación- seguiremos reclamando, como lo hemos definido desde el 2013, el aumento del presupuesto educativo nacional y una nueva ley de financiamiento que lleve al 10 % del PBI la inversión estatal en educación. En ello debe comprometerse a los legisladores nacionales.

– Finalmente señalamos que como colectivo de trabajadores no vamos a aceptar ningún retroceso en el conjunto de los derechos sociales ni pérdidas de fuentes laborales, así como expresamos nuestra preocupación por el avance del imperialismo en América Latina y el peligro del retorno del proyecto ALCA o nuevas experiencias imperialistas de ese tipo.

– Nuestra solidaridad con los vecinos de la ciudad de Colón, que padecen desde hace días dificultades en el suministro de agua potable, carencia que profundiza las desigualdades y que precariza aún más las condiciones en que docentes y estudiantes desarrollan sus actividades en nuestras escuelas.

El Plenario de Secretarios Generales y la CDC de AGMER, reunidos en la ciudad de Colón y bajo la advocación del compañero de Gualeguay Juan Carlos Manzán, recientemente fallecido, declara:

– Que expresamos nuestra preocupación por el avance del proceso inflacionario y del fuerte impacto de la reciente devaluación, además del escenario que se abre producto del aumento de las tarifas de servicios a partir de la eliminación de subsidios y de aumentos. Esta situación es un ataque al salario de los trabajadores y una transferencia de recursos a sectores concentrados de la economía.

– Que es imperioso que el gobierno de la provincia realice una oferta salarial de manera inmediata independientemente de las definiciones de la paritaria nacional;

– Que exigimos una recomposición salarial por encima del 45 % y una recomposición de emergencia del 20 % para el mes de febrero, a cuenta de la futura definición, con cláusula de revisión en caso de una nueva devaluación, enmarcada en los criterios definidos por la Comisión de Salario y Nomenclador del sindicato, reunida el 02 de febrero en la ciudad de Gualeguaychú, que entre sus puntos centrales plantea:

– Recomposición salarial en blanco,

                – Remuneratividad del FONID, generando la movilidad para los jubilados.

                – Devolución de los días descontados por huelga

– Ratificamos lo resuelto en nuestro último Congreso Extraordinario de la entidad: nos declaramos en Estado de Alerta y Movilización;  con realización de asambleas que cada seccional acordará y en las que se analizará este documento. Ratificamos el no inicio del ciclo lectivo si no hay una propuesta salarial que dé respuestas a la devaluación salarial y convocamos, a una jornada provincial de lucha con fecha a determinar por la CDC.

– Remarcamos la defensa irrestricta del régimen de licencia docente, exigimos políticas de prevención de la salud laboral para todos los trabajadores de la educación –en este sentido hemos presentado propuestas que duermen en los cajones- y anunciamos que demandamos mayor licencia por paternidad, maternidad y lactancia acorde a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y de adopción de acuerdo a los procesos previstos por el Registro de Adopción de nuestra provincia. Demandamos también que, al igual que se hizo en otras provincias se incluya la licencia para las víctimas de violencia de género. De ninguna manera vamos a aceptar que se mezcle la discusión del ausentismo con la disputa salarial.

– Repudiamos la decisión política de dar marcha atrás con la convocatoria a concurso de los cargos directivos de las escuelas Nina y respaldamos el pedido de renuncia hecho por el Secretario General del Sindicato Fabián Peccín, a todos los funcionarios que firmaron la Res. 102/16 CGE. En este sentido denunciamos que las operaciones político partidarias no pueden avanzar sobre la autonomía del Consejo General de Educación.

– En ese contexto rechazamos las declaraciones formuladas por Andrés Casaretto (Director General de Escuelas, CGE) donde –sin soportes estadísticos ni estudios sobre la materia que se conozcan- sostiene públicamente que “las escuelas Nina han fracasado”. Venimos de una abierta vulneración del sistema concursal llevado adelante la semana pasada, preocupa ahora estos planteos en tanto son atentatorias de los marcos normativos que parece el Director General desconoce: Ley N° 26075 (Financiamiento Educativo), Art. 2, inciso “b” “… lograr que, como mínimo, el 30 % de los alumnos de educación básica tengan acceso a escuelas de jornada extendida o completa…” Ley N° 26.206 (de Educación Nacional), Art. 28 “las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa…” Ley N° 9890 (provincial de educación), Art. 31 “la educación primaria ofrece una organización institucional y curricular flexible, extendida o completa”; Art. 33 “se proveerá a la jornada extendida y completa para favorecer el desarrollo de actividades que permitan intensificar la lectura, la escritura, el cálculo y acciones culturales, artísticas…”. Reclamamos por tanto que las autoridades políticas hagan público qué lineamientos van a sostener en materia educativa, si va a ser vulnerando el Estatuto del Docente Entrerriano y el sistema concursal –además de ignorar los marcos normativos señalados- o del respeto a dichos marcos legales. Exigimos, a su vez, un proceso de evaluación de las escuelas Nina que aborde integralmente todas las aristas de su desarrollo desde febrero de 2012 hasta la fecha.

– Además reiteramos las siguientes demandas ya realizadas a las autoridades del CGE y sobre la que no hay respuestas suficientes:

– Requisitos y reglamentación para la designación por concurso de los Directores Departamentales de Escuelas.

– La inmediata designación en el CGE de los Directores de Nivel Inicial y de Secundaria, cargos aun vacantes.

– Exigimos la convocatoria inmediata a los efectos de tratar cuestiones pendientes en el campo de las condiciones laborales vinculadas a procesos de titularización y concursos en los diversos niveles y modalidades.

– Debe asegurarse al CGE un sistema de recursos  materiales e informáticos actualizados y eficientes que posibiliten la desburocratización del organismo.

– La estabilidad de los docentes es una demanda al Consejo General de Educación. En ese sentido exigimos que salgan de inmediato los listados de niveles primario e inicial en todas sus modalidades y se cubran todos los cargos vacantes de supervisores de acuerdo a la normativa vigente, Acuerdo Paritario Resolución Ministerial 783/12.

– Demandamos que se cierren todos los procesos de titularización en marcha en el Nivel Secundario, tanto para cargos de ingreso, directivos y horas cátedras. En cuanto al Nivel Superior demandamos que se avance en la reglamentación de los concursos a fin de darles estabilidad a los trabajadores del Nivel.

– Exigimos el pleno ejercicio concursal para la designación de todos los cargos del escalafón docente, incluyendo a los Técnicos del CGE.

– El inmediato pago de los salarios a los docentes que se han desempeñado en el 2015 en los distintos planes y programas de inclusión como ser FiNes, PMI, CAI Y CAJ. Advertimos que de no asegurarse la transferencia de recursos del estado nacional peligran estas fuentes de trabajo docente.

– Aumento urgente de las partidas de limpieza y para comedores escolares.

– En cuanto a las políticas educativas planteamos:

– Debe avanzarse con políticas concretas que aseguren la obligatoriedad de la educación fijada por la Ley de Educación Nacional y la presencia del Estado en la educación desde la estimulación temprana hasta la educación superior y universitaria.

– Consideramos estratégicas las experiencias de prolongación de jornada escolar con condiciones de trabajo estables, por lo que deben profundizarse estas experiencias.

– Con el mismo sentido, la educación en derechos humanos y sociales, la educación sexual, la integración de alumnos con capacidades diferentes y la defensa del medio ambiente, la recuperación de las lenguas e identidades latinoamericanas, deben ser parte fundamental de las definiciones de políticas

– Exigimos cumplimiento de todos los acuerdos paritarios, en especial el de transporte e infraestructura, que hasta el momento en muchos de sus puntos han sido desconocidos, motivo por el cual han sido objeto de presentaciones ante el Ministerio de Trabajo y, próximamente, de presentaciones judiciales en caso de no existir voluntad de concretarlos.

– Entre las muchas situaciones puntuales en los diversos departamentos de la provincia que esperamos poder dialogar con el Poder Ejecutivo destacamos que son decenas las obras de escuelas paradas por falta de pago por parte de la Provincia y la no transferencia de los recursos de programas nacionales, debe ser prioridad de la nueva gestión, no solo continuar con estas obras, sino atender las demandas de las diversas comunidades educativas en cuanto a condiciones edilicias.

– Ratificamos también nuestro compromiso con las Obras Sociales de los trabajadores demandando que se restituya al IOSPER el 2 % de los aportes patronales. Los trabajadores nos merecemos una buena atención de nuestra salud y para eso es necesario que los aportes que reciba nuestra obra social sean acordes a los que reciben otras Obras Sociales. En este sentido, exigimos al nuevo Poder Legislativo Provincial la inmediata sanción de la Ley Antiplus, que tiene media sanción de Diputados, para que ningún sector corporativo saque ventaja de las necesidades de los trabajadores.

– Ratificamos nuestro compromiso con la defensa de la Caja de Jubilaciones expresando que no sólo nos oponemos a cualquier intento de modificación de la ley jubilatoria, sino que en ello también fundamentamos la decisión de no recibir cifras en negro en nuestro salario.

– Expresamos que así como nos opusimos a la sanción de la Ley Antiterrorista nos oponemos a cualquier intento de avance que criminalice la protesta social al igual que exigimos el pleno cumplimiento de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual.

– Además le manifestamos que –como en estos años en que conquistamos más del 6% del PBI para educación- seguiremos reclamando, como lo hemos definido desde el 2013, el aumento del presupuesto educativo nacional y una nueva ley de financiamiento que lleve al 10 % del PBI la inversión estatal en educación. En ello debe comprometerse a los legisladores nacionales.

– Finalmente señalamos que como colectivo de trabajadores no vamos a aceptar ningún retroceso en el conjunto de los derechos sociales ni pérdidas de fuentes laborales, así como expresamos nuestra preocupación por el avance del imperialismo en América Latina y el peligro del retorno del proyecto ALCA o nuevas experiencias imperialistas de ese tipo.

– Nuestra solidaridad con los vecinos de la ciudad de Colón, que padecen desde hace días dificultades en el suministro de agua potable, carencia que profundiza las desigualdades y que precariza aún más las condiciones en que docentes y estudiantes desarrollan sus actividades en nuestras escuelas.