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30/05/2012

Se busca una “reparación histórica” para los trabajadores cesanteados por la dictadura

En la sede de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se realizó hoy una conferencia de prensa para informar sobre las acciones que se llevarán adelante en vista a lograr un resarcimiento económico para aquellos trabajadores que hayan sido cesanteados, por motivos políticos o gremiales, en el período 31/7/1974 a 10/12/83.

Representantes de ATE, AGMER, Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia y trabajadores cesanteados fueron quienes presentaron la iniciativa. Se trata de un proyecto de ley sobre el que se está trabajando en distintas provincias del país a instancias de ATE y que en Entre Ríos decidió sumar a otras organizaciones.

Según se explicó, las gestiones deberán llevarse adelante en dos frentes: por un lado, mantener conversaciones con los legisladores nacionales por Entre Ríos para que acompañen el proyecto de ley y con representantes del Ejecutivo Nacional, ya que lo que el proyecto impulsa es que el resarcimiento esté a cargo del Estado Nacional.

Por otro lado, las organizaciones sindicales tendrán a su cargo la tarea de realizar un relevamiento lo más exhaustivo posible, que permita determinar cuántos son los trabajadores en esta situación, quienes además deberán presentar el decreto (u otra prueba) de la cesantía por la que fueron afectados.

Algunos trabajadores cesanteados asistieron a la convocatoria y expusieron brevemente sus experiencias, personales y dolorosas. Varios años de democracia debieron transcurrir para lograr la reincorporación a sus puestos de trabajo, pero no hubo indemnización; también hubo gente que fue reincorporada en categorías más bajas de las que tenían antes de la cesantía. En suma, como sostuvo Manuel Ramat, secretario adjunto de ATE, “lo que cada uno perdió no se puede cuantificar en dinero”, por eso “el resarcimiento es también un acto de justicia, una reparación histórica  para ese trabajador fue injustamente despedido“, dijo.

La Secretaria de derechos Humanos de AGMER, Mónica Amoz, precisó que los sindicatos serán quienes recepcionen y sistematicen una nómina de trabajadores cesanteados durante la dictadura cívico militar. “Tendrán que acercarse y presentar la documentación correspondiente. Para eso hay que difundir que esto se está realizando y convocar en cada rincón de la provincia”.

Respecto de la cuantificación de casos, Ramat indicó que hay provincias –como La Pampa y Misiones, entre otras- que ya han avanzado mucho en esto. En cambio en Entre Ríos es un camino que recién se inicia y se sabe no es sencillo. “Ahora es el momento, porque se han ido despejando miedos, pero igualmente hay que salir a buscar a esos compañeros; hay cesanteados desde Feliciano hasta Islas del Ibicuy”.

Una mujer, que presenció la conferencia, entregó a la mesa un papel. “Es –explicó- un decreto de cesantía y lo fui a buscar al archivo que está al lado del Museo Histórico, porque los decretos están. Aquí hay 10 personas cesanteadas y yo conozco a seis. Hay que ir a buscarlos”, dijo, dando cuenta de la enorme tarea que se inicia.

 

El proyecto de ley

 

El proyecto de ley sobre el que se está trabajando en diferentes provincias prevé que serán beneficiarios de indemnizaciones “todos los ex agentes y empleados del Estado Nacional, Provincial, Municipal, empresas públicas, Universidades nacionales y asociaciones u organismos públicos, cesanteados, exonerados, declarados prescindibles u obligados a renunciar, por motivos políticos o gremiales entre el período 3107/1974 y el 10/12/83…”

Aclara además que las indemnizaciones correrán por cuenta del Estado Nacional. Y que “la solicitud del resarcimiento económico se hará ante el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación”.

 

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