La funcionaria debería tomar nota acerca de la existencia de un conflicto cuya resolución veníamos reclamando desde el año pasado. Debería comprender que si el ciclo escolar 2013 no comienza no es por voluntad de la docencia entrerriana, sino por la escases de respuestas ante una demanda concreta planteada a fines del 2012, cuando el Congreso de nuestra entidad planteó “no inicio del ciclo lectivo si no surge una propuesta salarial que dé cuenta del encarecimiento del costo de vida y de los reales índices inflacionarios, con los tiempos suficientes para el análisis”. Nada de esto sucedió. El Gobierno resolvió ignorar la cuestión salarial, no comenzar el ciclo lectivo y dejar en los últimos lugares el salario docente de la provincia en el contexto nacional.

En vez de garantizar concursos en primaria en tiempo y forma en todos los departamentos, de resolver la actualización de las credenciales en nivel medio –varadas desde 2007-; de permitir la precarización laboral de los docentes de Plan mejoras, FINES, escuelas Ninas, etc. avasallando de esta manera el Estatuto del Docente Entrerriano y retrocediendo por tanto cuarenta años en materia concursal y estabilidad laboral, la Prof. Bar elige el camino de la amenaza, opta por pretender silenciar con la fusta en la mano una demanda genuina y reiteradamente anunciada por el sector.

Declaraciones como éstas se inscriben en un contexto de práctica desleal y no aportan absolutamente nada e la resolución efectiva del problema.

Los docentes de Entre Ríos ya conocemos la política de descuentos de este gobierno, una política que los dejará en la historia de la clase obrera y que define su carácter pro patronal. Es por esto que no era necesario que la Presidenta del CGE hiciera el esfuerzo de anunciarlo por los medios; ya lo sabíamos al momento de decidir nuestro plan de acción.

Hubiera sido interesante que saliera a los medios de comunicación a anunciar que se aumentaban las partidas para comedores, que se está pensando en una política educativa para aumentar el número de docentes porque se visualiza que cada vez son menos y esto compromete el futuro de la escuela pública, que se solucionó el problema de las lanchas en Islas, que se solucionará el problema del transporte escolar en la provincia, que se terminarán todas las obras sobre edificios que llevan años de atraso, que todos los edificios tendrán condiciones dignas, etc. Pero nada de esto es lo que dijo en sus anuncios; sólo nos recordó que nos descontarán el sustento diario de nuestras familias por reclamar ante la falta de diálogo que arroje soluciones.

El Congreso de AGMER del 22 de febrero fue muy claro en sus resoluciones y no estamos para atender prácticas autoritarias. Existe un conflicto que hay que atender, que reclama su urgente solución, que demanda ser responsables en las maneras de proceder, decir y actuar. En tal sentido lamentamos profundamente declaraciones como las de la Presidenta del Consejo General de Educación, a la vez que las repudiamos por considerarlas regresivas a los derechos conquistados históricamente por los trabajadores de la educación.

Manuel Gómez     Alejandro Bernasconi            Fabián Peccín

Sec. Gremial       Sec. Adjunto                           Sec. General