Con una importante presencia de militantes, estudiantes y organizaciones de derechos humanos, se realizó este 24 de marzo la marcha que todos los años convoca la Multisectorial de Derechos Humanos, para recordar el golpe de Estado de 1976 y renovar el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Como todos los años, se recordó a los 30.000 desaparecidos, tanto en las pancartas que portaron sus rostros, como en la mención de cada uno de los entrerrianos secuestrados y asesinados por la dictadura.

Desde temprano, la plaza Sáenz Peña comenzó a recibir a la militancia y a las familias, hasta completar una extensa columna en la que confluyeron distintas generaciones, aunque fue muy significativa la presencia de la juventud, a través de sus organizaciones estudiantiles y políticas.

Familiares y organismos de Derechos Humanos encabezaron la marcha, seguidos por las representaciones de AGMER, CTA Entre Ríos y ATE, y luego las agrupaciones políticas.

Una vez en la Plaza Alvear se llevó a cabo el acto central, donde luego de gritar el “presente” por los compañeros entrerrianos desaparecidos, se dio lectura al documento de la Multisectorial de Derechos Humanos.

En el texto, se expresó el apoyo a lo actuado por el Gobierno Nacional en materia de derechos humanos y se destacaron los avances en los juicios por crímenes de lesa humanidad. “A diciembre del año pasado, por los juicios por crímenes de lesa humanidad hemos logrado que haya: 349 condenados, 971 procesados y 742 detenidos en todo el país. Y a nivel local: 9 condenas; 21 procesados y 19 detenidos”, sostiene el documento.
No obstante, la Multisectorial exigió “celeridad y contundencia al Poder Judicial”, en particular en la causa Área Paraná, y “cárcel común, perpetua y efectiva” para los represores que han sido condenados a cumplir prisión domiciliaria.

Por otra parte, se manifestó el rechazo a  la ley antiterrorista por considerarla un “retroceso al producir una contradicción en las políticas de derechos humanos iniciadas en 2003”. En este sentido, se exigió “seguir profundizando el proceso de democratización efectiva de todas las instituciones del Estado donde persisten resabios de la metodología de la dictadura”.
El extenso documento repudió la “participación en el terrorismo de Estado, de los ámbitos eclesiásticos, corporaciones mediáticas, empresas multinacionales y nacionales”. Por ello se celebró el avance en las causas que logran llevar a juicio a algunas de esas corporaciones, entre las que se mencionó “el avance en la causa de la empresa Ledesma”, al tiempo que se reclamó la investigación de “la empresa Loma Negra, así como a otros grupos económicos cómplices como Clarín, la Sociedad Rural, La Nación, Techint, Ford, Mercedes-Benz, entre otras, por haber posibilitado con su participación los secuestros, entrega y desaparición de compañeros”.