Desde la organización se informó que el Monitoreo de la organización Comunicar Igualdad consiste en un relevamiento y un video sobre los feminicidios de Lola, Melina y Ángeles, que recopilan los resultados de la investigación llevada adelante y entrevistas a la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, la antropóloga Rita Segato y el periodista Emilo Ruchansky.

A cargo del trabajo estuvo Sandra Chacher, presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y directora de la agencia de noticias de género Comunicar Igualdad, directora del Diploma Superior de Comunicación y Género dictado por la Asociación Civil, con certificación y auspicio de la AFSCA. Además, es docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y experta asociada al Pograma de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) desde 2010.

El monitoreo -realizado por Sarah Babiker, Sandra Chaher y Belén Spinetta- analizó la cobertura durante una semana de 3 diarios, 3 radios, 3 noticieros televisivos y dos portales digitales de noticias de alcance nacional. Algunas de las conclusiones del mismo fueron que la perspectiva de género está ausente en el análisis de la violencia y los asesinatos hacia las mujeres. Si bien el término violencia de género fue utilizado en algunas coberturas, aunque en un porcentaje muy bajo (7%), esto se debió mayormente a la posibilidad de las causas judiciales que investigaban los asesinatos fueran caratuladas como homicidios agravados por razones de género; pero no apareció, por parte del periodismo, la comprensión de la violencia hacia mujeres y niñas como producto de estructurales desigualdades de género.

Esta ausencia de perspectiva de género fue evidente tanto en el enfoque de las notas, en un 88% de los casos como causas policiales -donde cada caso fue analizado en forma aislada, sin vincularlo a patrones de conducta y situaciones similares de otras situaciones de violencia de género-, sino también en la falta de consulta a especialistas en el tema que podrían haber aportado justamente la evidencia de la dimensión estructural de las desigualdades, y por la ya mencionada poquísima mención a la violencia de género como explicación de los asesinatos, particularmente en los casos de Ángeles Rawson y Melina Romero.

Otra de las conclusiones de la investigación es la fuerte carga moral y el estigma de clase que influyeron en la cobertura de los asesinatos. Las vidas de las tres adolescentes no fueron valoradas de la misma forma, sino que se establecieron categorías de víctimas buenas (Ángeles Rawson), malas (Melina Romero) e inmaculadas (Lola Chomnalez). A más alta clase social, mayor apego familiar, mejores promedios escolares y menores sospechas de libre administración de vínculos amorosos, mayor fue la valoración de cada una desde los medios de comunicación. En forma inversa, en tanto evidenciaran administración autónoma de vínculos sexuales y amorosos, problemas familiares y desvinculación del estudio, sus vidas eran desmerecidas. Esto fue llevado al extremo de no cuestionar el hecho de que algo que se inicia como una fiesta puede dejar de serlo si una persona es asesinada en ella (Melina Romero).

Muchas de estas prácticas de cobertura viciosas o inadecuadas se dieron además a través de marcas de sensacionalismo habituales cada vez más en el periodismo, pero no por ello menos nocivas. Estrategias que apuntan a generar impacto, conmoción y sensaciones de todo tipo en televidentes, oyentes y lectoras/es, y que –en sentido opuesto- resienten la reflexión y comprensión de los temas.

Es de destacar también que estas prácticas se dieron en el contexto de coberturas de asesinatos de niñas/adolescentes, frente a quienes los medios deberían haber sido mucho más cuidadosos, no sólo porque hay normativa sobre el tema sino porque es lo que indica la ética periodística: la no vulneración de los derechos humanos. Sin embargo, fue vulnerada la privacidad de las tres publicando imágenes, videos y textos posteados en sus redes sociales y las de sus amistades y familiares; se habló sin reparos de cómo se vestían, cómo eran, qué hábitos tenían, y se hurgó buscando la misma información entre sus círculos cercanos.

A la vez, no hubo consideración en profundizar las hipótesis de los abusos sexuales –dentro y fuera de las familias-, incriminándolas a ellas y a su entorno sin pruebas; y se ofreció la palabra a posibles victimarios, y a sus entornos, para que argumentaran su desincriminación. Es decir que a la vez que se expuso innecesariamente a muchísima gente –particularmente familiares y personas conocidas de las víctimas- se ofrecía la posibilidad de ofrecer argumentos de no implicación, evidenciando que lo relevante era el desfile de personas sospechosas frente a los micrófonos pero no la resolución y comprensión de los casos sin vulnerar los derechos de las personas involucradas.

Frente a esta descripción de prácticas inadecuadas, destacamos el espacio ofrecido a la cobertura de estos casos (34% de las tapas de los diarios, aunque no en la misma proporción: mientras el caso de Lola Chomnalez recibió el 75% de las tapas, la cobertura del asesinato de Melina Romero recibió sólo el 5%) . Entendemos que las situaciones de violencia y abusos, particularmente sobre niñas y adolescentes, motivan cada vez más el interés de los medios de comunicación. Si bien es cierto que esta demanda se potencia en la medida en que las coberturas ofrecen la posibilidad de generar altos puntos de rating, creemos que es una buena oportunidad para mejorar las prácticas.