El presidente Mauricio Macri resolvió a través  del decreto 721/16, publicado hoy en el Boletín Oficial, derogar la disposición tomada en 1984 por el entonces presidente Raúl Alfonsín -y mantenida por todos los gobiernos hasta la fecha- para restar autonomía a los militares y dejar en manos de los políticos elegidos democráticamente las decisiones vinculadas con la órbita castrense.

Mediante esta disposición, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas estará en condiciones de designar a los oficiales destinados a ese cuerpo, salvo los de la conducción superior, cuyo nombramiento estarán a cargo del Congreso Nacional, y designar suboficiales bajo su mando. Los jefes de cada fuerza también podrán aprobar las calificaciones de egreso de los cursos y nombrar al personal militar retirado para cargos docentes, un atributo que hasta ahora le correspondía al poder político.

De acuerdo con esta norma, la marcha atrás con el control civil sobre los militares se debe a que “resulta necesario establecer procedimientos ágiles que permitan atender las cuestiones relacionadas con la gestión del personal de las Fuerzas Armadas”, aunque a continuación aclara “en el marco de la conducción civil de la Defensa Nacional”. Lo más grave: habilita a reincorporar militares. ¿Abre así la puerta a la anmistía administrativa de procesados por delitos de lesa humanidad? Otra: le delega a las Fuerzas Armadas la defensa de sus acusados. ¿Qué implica esta facultad con respecto a los juicios por violaciones a derechos humanos?

Esta medida, que significa un claro retroceso y devuelve a las Fuerzas Armadas su autonomía para decidir sobre designaciones, ascensos, traslados y premios, permitiendo que sean las propias fuerzas quienes designen -sin consultas- a los miembros superiores del Estado Mayor Conjunto, aunque no a su conducción, merece nuestro más amplio repudio, ya que sienta un grave precedente cruzando un límite impuesto por la sociedad para mantener bajo control civil la conducción de los uniformados y fuera de esas fuerzas a los genocidas.

Como Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, expresamos nuestro repudio y llamamos a la sociedad en su conjunto a estar atentos y alertas en un ejercicio activo de la defensa de los Derechos Humanos. Por todo lo que hemos avanzado en esta materia, para no perder lo conseguido y por todo lo que aún nos falta lograr.

Tomasa Gómez

Secretaria de DDHH de AGMER Central