Para la mañana de este viernes 22 de septiembre están previstos los alegatos de la Fiscalía y de los abogados defensores de los imputados, en la causa por fumigación en la Escuela N° 44 República Argentina de Santa Anita (departamento Uruguay).

El juicio oral y público que se desarrolla en Tribunales de La Histórica comenzó con la declaración de la docente denunciante, Mariela Leiva -integrante de la Campaña Paren de Fumigar y militante de AGMER-, quien junto a unos cinco niños sufrieron los alcances de una fumigación no notificada, a 50 metros de la edificación y en horario escolar.

Durante esta semana han transcurrido las audiencias con la declaración de más de 20 testigos. Y en ese lapso, se multiplicaron las voces de acompañamiento y solidaridad hacia la docente Mariela Leiva y todos quienes llevan adelante la causa contra la fumigación de los pueblos. Todas esas expresiones, provenientes de organizaciones de la provincia y del país, coinciden en destacar la trascendencia de este juicio, el primero que se sustancia por un caso de fumigación sobre una escuela y que tiene la oportunidad histórica de sentar un precedente.

Expresiones de solidaridad

La Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados repudió, con un comunicado difundido este 21 de septiembre, “las manifestaciones públicas vertidas por los integrantes de la Mesa de Enlace de Entre Ríos a la comunidad, en un claro mensaje al Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos, sin basamento técnico jurídico alguno, a raíz de la elevación a Juicio por Fumigaciones en la Escuela Rural “República Argentina”.

En el comunicado, recordaron a toda la población que “éste es un modelo que está generando desde mucho tiempo atrás conforme las pruebas científicas existentes, y hasta hoy, consecuencias dañosas graves en nuestra sociedad, afectando nuestra comunidad por contaminación de las aguas, el aire, desertificación de los suelos, deforestación, pérdida de biodiversidad, y también la contaminación de nuestros alimentos (…) todo ello en flagrante violación de Derechos Humanos fundamentales de todos nosotros”.

Asimismo, expresó su adhesión la Unión de Asambleas Ciudadanas, que manifestó: “Este modelo agroindustrial de cultivos transgénicos que se desarrolla en el país hace más de 20 años, implica el uso masivo de agrotóxicos que se estima en más de 350 millones de litros al año, y que trae consecuencias irreversibles sobre la vida y el territorio. Acompañamos y celebramos la realización de este primer juicio sobre escuelas fumigadas que se inicia en Entre Ríos y que abre una oportunidad histórica para develar las prácticas contaminantes sobre nuestros niños y niñas, tal como lo expresó recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en referencia al caso emblemático de las Madres de Ituzaingó Anexo, en Córdoba, ya que fumigar con agrotóxicos en una zona protegida es un delito penal.

Tomasa Gómez

Sec. de DD. HH.

AGMER CDC