“La medida violenta el principio básico que indica que el gremio mayoritario del sector es el que ejerce la mayor representatividad en la paritaria nacional y, en un claro ejemplo de lo que implica la democracia sindical, estaban incluidos gremios que no superaban el piso del 25% de afiliados”, manifestó el secretario general adjunto de CTA, Pedro Wasiejko.

“Esta decisión, además de ser antidemocrática, violenta la Ley de Financiamiento Educativo a través de un decreto y es un claro ejemplo de una política persecutoria por parte del gobierno nacional a un gremio como la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina que ejerce el derecho de representar cabalmente a sus afiliados y es el sindicato docente mayoritario”, agregó Wasiejko sobre el gremio que representa a más de 420.000 trabajadores y trabajadoras de todas las provincias.

En tanto, el coordinador del Equipo Jurídico de la CTA, Héctor García, explicó que el DNU incumple los convenios 151 y 154 de la OIT y la Ley de Financiamiento Educativo. “El propio gobierno se permitió violar la Ley de Financiamiento Educativo no convocando a la negociación paritaria el año pasado, lo cual conllevó a que la CTA hiciera un planteo ante la OIT. En este caso, el propio Ministro de Educación, después de afirmar que este año tampoco iba a abrirse la paritaria nacional, casi provocativamente o de una manera inconcebible, reduce la integración de la Ctera que es el sindicato más representativo. En lugar de una representación proporcional adopta una representación uninominal, es decir con un sólo representante por sindicato integrando la comisión negociadora”. La misma está integrada por los gremios docentes Uda, Cea, Sadop, Amet y Ctera.

“En el caso de Ctera, el DNU viola el convenio 151 de relaciones laborales en el sector público y el 154 de negociación colectiva. Los dos serían aplicables en el caso de los docentes que están en negociación con el Estado que a su vez es empleador. Un empleador que abusa del poder del Estado para debilitar a las contrapartes en la negociación colectiva y esto es violatorio de la libertad sindical”, detalló García.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal fomenta la desafiliación de los docentes a los sindicatos con los que tiene que negociar. “Esto no sólo implica una violación a los convenios internacionales de trabajo sino que también entra a cumplir con el comportamiento tipificado en el artículo 158 del Código Penal en la medida que está interfiriendo como empleador en la sindicalización de los trabajadores docentes”, explicó el coordinador del Equipo Jurídico de la CTA.

“Creo que hay una verdadera campaña de descrédito de los sindicatos. El gobierno tiene una meta de inflación estrictamente severa que nadie puede creer, ni siquiera el Banco Central, con los aumentos en las tarifas de los servicios públicos, en el transporte, el combustible. De ningún modo la inflación de 2018 va a estar cerca de la estimada, sino 8 ó 10 puntos por encima de la meta. Sin embargo, en materia de paritarias, esto lo ha dicho el Ministro de Trabajo, insisten en que no pueden acordarse aumentos por encima del 15%. Esto es una barbaridad, implica un recorte a los salarios, además de una intromisión en la negociación colectiva que debe ser libre y voluntaria, palabras literales de los órganos de control de la OIT, y de acuerdo a la Constitución Nacional que garantiza la autonomía colectiva. El Estado no puede interferir en los contenidos de los Convenios Colectivos de Trabajo y pretende hacerlo en el salario”, señaló García.

A su vez, Jorge Hoffmann, secretario General Adjunto de la CTA, afirmó: “Las denuncias ante los organismos internacionales de trabajadores hay que hacerlas pero no alcanza porque esta derecha está dispuesta, con este tipo de actitudes lo demuestra, a avasallar lo que sea con tal de aniquilar al derecho colectivo de los trabajadores”.

“No hay ninguna duda de que el DNU es impugnable desde el punto de vista de la legislación nacional. Esto es inconstitucional, no se puede modificar una ley por un Decreto de Necesidad y Urgencia cuando además no hay ninguna necesidad ni ninguna urgencia. Puede ser impugnado en función de los tratados internacionales y legalmente desde distintas perspectivas y distintos ángulos. Pero visto desde el plano político esto pone de manifiesto claramente cuál es el carácter de la derecha en la República Argentina. La derecha en Argentina decididamente no es democrática. No encontramos en el presidente una línea de pensamiento, de compromiso con estos grandes problemas que son los problemas de los pueblos. Estamos frente a una derecha que está poniendo de manifiesto su poca vocación democrática, su poco compromiso de convivencia y esto hace que el Estado de Derecho sea un Estado disminuido, que deja de ser garante como lo debe ser un Estado moderno en el marco de la democracia, y nos puede conducir a un precipicio cuyo fondo no podemos vislumbrar”, opinó Hoffmann.

La denuncias pertinentes serán presentadas ante la OIT tanto por la CTA de los Trabajadores como por la Internacional de la Educación, organismo que Hugo Yasky, secretario general de la CTA, preside en América Latina, y del cual Ctera es miembro a través de la participación de Sonia Alesso, secretaria general de la confederación docente.

“Todas las organizaciones que integran la FeTIA expresan su respaldo a la Ctera. Impulsaremos las acciones necesarias, inclusive a nivel internacional a través de la Organización Internacional del Trabajo y solicitamos que el presidente Mauricio Macri, el ministro de Trabajo Jorge Triaca y el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro intervengan para cesar esta actitud antidemocrática y persecutoria”, enfatizó Wasiejko.

Hugo Yasky
Secretario General CTA

Pedro Wasiejko
Secretario General Adjunto CTA

Jorge Hoffmann
Secretario General Adjunto CTA