Federico Tálamo, vocal de la Comisión Directiva Central de AGMER, se refirió a la solicitud que realizó el sindicato ante la Defensoría General de la provincia, de una medida precautoria que impida realizar fumigaciones en inmediaciones de todas las escuelas rurales de Entre Ríos.

En declaraciones a LT 10, de Santa Fe, comentó la causa penal  que en el año 2017 terminó con la primera condena en un caso de fumigación que afectó a una población escolar, sentando un precedente importante en el país. “Se trata de poner en discusión un modelo productivo que enfrenta por un lado lo que es el derecho a un ambiente saludable y  la integridad de las personas y, por otro, los intereses de las corporaciones de los productores rurales”, manifestó.

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