Justifica tal decisión el fiscal en turno de Tala, en el entendimiento de que no se violó la normativa vigente en la provincia por parte de quienes llevaron adelante la fumigación. Sin embargo, el sólo cumplimiento de las distancias de fumigación establecidas en la ley que regula el uso de agroquímicos no pone a salvo a las comunidades rurales. Así consta en un fallo del Superior Tribunal de Justicia, que constituye un precedente de suma importancia en estos casos, y que advierte que además de cumplir con la ley, quien usa agroquímicos debe extremar las precauciones, teniendo en cuenta factores climáticos, como la dirección del viento, entre otros.

Desde AGMER venimos exigiendo a la Justicia que tome una intervención activa frente a los casos, cada vez más frecuentes, de fumigaciones que afectan a poblaciones rurales y comunidades educativas, resguardando el derecho a la salud y a un ambiente sano. Así lo hizo esta Comisión Directiva cuando acudió, el 21 de marzo, a la Defensoría General de la provincia para reclamar una medida precautoria tendiente a impedir nuevas fumigaciones en campos lindantes a establecimientos educativos de toda la provincia.

Frente a este nuevo hecho, que se suma a los que cada vez con más frecuencia denunciamos en toda la provincia, desde AGMER volvemos a reclamar  a la Justicia que actúe en salvaguarda de los más vulnerables de un sistema productivo que busca incrementar rentabilidad aún a costa de la salud y la vida de su población. Tomar cada escuela fumigada como una causa de primer orden, a la que el Estado –en este caso el Poder Judicial- debe dar respuesta y soluciones, nos pondría en camino de priorizar el derecho a un ambiente sano por sobre cualquier interés económico.

»Mario Bernasconi – Sec. de Derechos Humanos – AGMER CDC