El  Consejo de Secretarios Generales de AGMER, reunido en la ciudad de Paraná a los 15 días del mes de agosto de 2018, habiendo sesionado en memoria de la compañera Lorena Carnevalini, miembro de Comisión Directiva Departamental de la Seccional Concordia que falleciera en el día de la fecha, y luego de analizar la realidad política, económica y social que atraviesan el país y la provincia, así como su impacto sobre la clase trabajadora y la educación pública, expresa al conjunto de la docencia entrerriana, a los gobiernos nacional y provincial y a la comunidad en general lo siguiente:

– Reiteramos lo que ya señalábamos a comienzos de este año, cuando advertimos que las políticas de ajuste implementadas a nivel nacional con el acuerdo de las provincias exhibían un sesgo profundamente regresivo, contrastando la pérdida de derechos de los trabajadores con una indiscriminada transferencia de recursos a los sectores más concentrados de la economía y provocando un aumento de la desigualdad y particularmente un desfinanciamiento en áreas clave como educación y la salud. En tal sentido, transcurrido un semestre de aquel diagnóstico y habiendo transitado procesos de organización y resistencia a estas medidas, observamos que el panorama económico se recrudece de forma acelerada, lo cual nos ubica en situación de reforzar los mecanismos tendientes a consolidar la unidad de la clase trabajadora y los sectores más vulnerables para enfrentar esta embestida que amenaza algunos de nuestros más elementales derechos.

– Vemos con especial preocupación el alarmante comportamiento que viene exhibiendo el proceso inflacionario, observando que la medición publicada por el INDEC alcanzó solamente en el primer semestre el 16%, superando así la irreal previsión que había planteado el gobierno nacional para todo el año y en la cual se basó para forzar un techo inadmisible en las negociaciones salariales. A esto se debe agregar que el incremento en los precios es mayor si se tienen en cuenta exclusivamente aquellos que corresponden a bienes de primera necesidad y que impactan de manera directa sobre el costo de vida de los sectores más vulnerables de la población. Hoy nos encontramos además frente a un escenario de aumentos reiterados tanto en el combustible como en las tarifas de los servicios públicos, repercutiendo sobre los diversos sectores de la economía y el mercado interno. Ante esto, la única respuesta del gobierno consiste en medidas que solamente buscan resguardar la rentabilidad de los especuladores a través de maniobras financieras que contribuyen al endeudamiento del país y la pérdida de soberanía en manos del FMI.

– Reivindicamos el proceso de construcción de consensos que vienen protagonizando diferentes sectores internos de nuestro sindicato, como así también el resto de las organizaciones del movimiento obrero, especialmente las que se encuentran nucleadas en la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, aún en la diversidad de perspectivas que caracterizan a todos los espacios plurales y democráticos en los que confluyen miles de trabajadores, lo cual se traduce necesariamente en la adopción de estrategias comunes para poder reconocer y enfrentar la contradicción principal. Hoy el adversario fundamental para nuestra clase y los sectores populares está representado en el modelo económico neoliberal expresado en las políticas del gobierno nacional, que multiplica la pobreza, concentra la riqueza y destruye el aparato productivo del Estado, promoviendo intereses antagónicos a los del pueblo y desplegando mecanismos represivos y coercitivos en todos los terrenos para asfixiar cualquier tipo de protesta y disciplinar a la sociedad a través del miedo.

– Destacamos el proceso de unidad que hizo posible la conformación de una lista única del movimiento obrero sindicalmente organizado para participar de la elección de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, asumiendo la responsabilidad que nos compete como representantes gremiales llamados a defender los intereses de los trabajadores tanto activos como jubilados. Es por eso que volvemos a expresar un categórico rechazo a cualquier tipo de armonización del sistema previsional entrerriano con la Nación, dado que la misma supondría una inaceptable pérdida de derechos. Nuestro compromiso indelegable es con el presente y futuro de los trabajadores jubilados y de aquellos que el día de mañana accederán a dicho beneficio, por lo que seguimos defendiendo de manera irrestricta nuestro régimen previsional y le decimos al gobierno provincial que ¡la Caja y la Ley 8.732 no se tocan!

– Denunciamos la situación edilicia de la mayoría de las escuelas públicas del país y de Entre Ríos, cuestión que lleva a nuestros compañeros docentes y también a los alumnos a concurrir diariamente a clases poniendo en riesgo su salud y muchas veces la vida, tal y como ocurrió en la provincia de Buenos Aires, donde una explosión de gas que fue consecuencia directa de la desidia y el abandono por parte del Estado se cobró las vidas de los compañeros Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. No queremos estar expuestos al peligro por hacer algo tan importante como enseñar y aprender. Esta problemática en absoluto se circunscribe a una única jurisdicción y también aqueja a las escuelas entrerrianas, por lo que demandamos de forma especial al gobierno provincial que instrumente los medios necesarios para profundizar el trabajo de la Comisión de Infraestructura que funciona en el ámbito del CGE y cuenta con la participación de nuestros representantes para realizar un seguimiento permanente y velar por el cumplimiento de lo acordado con la patronal en el ámbito paritario. También exigimos que se garantice el transporte para escuelas rurales y de islas, que al momento ha venido con irregularidades, y de la misma manera solicitamos a la patronal el cumplimiento del pago de los servicios esenciales en nuestras escuelas, como lo son la provisión de gas, el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas y los servicios de teléfono e internet.

–  Exigimos se garantice la continuidad de todos los programas socioeducativos y denunciamos que en el vaciamiento de estos programas, en el congelamiento de los salarios y en la precarización de los contratos, profundiza el ajuste en la escuela pública. Demandamos iguales condiciones laborales y salariales para los compañeros coordinadores, talleristas, etc., de los CAJ, CAI, PMI y demás programas socioeducativos nacionales. Exigimos al CGE la urgente emisión de las credenciales de puntaje docente para asegurar la igualdad de condiciones entre los trabajadores de la educación.

– Reiteramos la exigencia de creación de los cargos docentes y no docentes que hacen falta en nuestras escuelas. El presupuesto 2019 debe contemplar estas demandas. Denunciamos que de la mano del cierre de grados, cursos y carreras profundizan el ajuste sobre el sistema educativo, golpeando muy fuerte a nuestras comunidades.

– Reiteramos nuestro rechazo al Plan Maestro y demás proyectos que, bajo el nombre de “reformas”, contienen un verdadero programa de vaciamiento, privatización, mercantilización y desfinanciamiento de la educación pública. Rechazamos la implementación del Operativo Aprender.

– Exigimos una vez más al gobierno nacional la inmediata derogación del Decreto N° 52/2018 y la convocatoria urgente a discutir el piso salarial para todo el país en el marco de la Paritaria Nacional Docente. Del mismo modo, le demandamos que intervenga para destrabar los conflictos provinciales que permanecen abiertos en varias jurisdicciones y también la presentación de una propuesta de recomposición salarial seria y acorde a la inflación para los compañeros docentes de las universidades nacionales, a quienes hacemos llegar nuestra solidaridad y el acompañamiento a la lucha que están sosteniendo como respuesta al bastardeo de la patronal. También reiteramos nuestra exigencia al Estado para que asuma su responsabilidad indelegable como garante de la educación pública en tanto derecho social y eleve el presupuesto nacional destinado a la misma a un mínimo del 10% del PBI, denunciando a su vez las subejecuciones presupuestarias que se vienen registrando en el área.

– Manifestamos nuestra preocupación y nos mantenemos en estado de alerta ante la información que permite suponer un interés deliberado del gobierno nacional para transferir a las provincias el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y suprimir progresivamente el Fondo de Compensación Salarial Docente, con lo cual se profundiza el desequilibrio entre las provincias más ricas y las más pobres, que son al mismo tiempo las mayores perjudicadas por los recortes presupuestarios que viene aplicando la Nación sobre todas las jurisdicciones.

– Del mismo modo nos expresamos con relación a la posibilidad de que se elimine el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), dado que esta medida implicaría restringir la posibilidad de acceso a la vivienda social a sectores de la población que de otro modo no contarían con la capacidad de financiamiento que les garantice este derecho fundamental, reafirmando que es una obligación del Estado garantizar políticas públicas de vivienda que estén al servicio del pueblo. Señalamos además que no se trata de una medida aislada, sino que se inscribe en el vaciamiento y desguace de áreas clave y sensibles para el país, como ya ha ocurrido con el SENASA, el INTI, el CONICET, la Agencia Télam y las emisoras radiales públicas, entre otros tantos casos, y se pretende hacer lo mismo con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el Astillero Río Santiago.

– Demandamos al gobierno provincial la urgente reapertura de la discusión salarial, habida cuenta de que lo expuesto en los párrafos anteriores refleja el estado crítico de la educación pública y del poder adquisitivo de los trabajadores docentes, teniendo presente que el acuerdo paritario firmado el 21 de mayo incluye la cláusula de monitoreo de la inflación y que la misma superará de manera inminente el porcentaje de recomposición anual otorgado. Del mismo modo, reiteramos la exigencia de que se cumpla de forma completa con el acuerdo paritario de 2017, abonando el 1,3% de diferencia al mes de diciembre, además de la derogación del persecutorio Decreto N° 97/2018 y devolución de los días injustamente descontados por el legítimo ejercicio del derecho de huelga.

– Por último, queremos dejar en claro que el conjunto de reivindicaciones y exigencias aquí planteadas y focalizadas a los gobiernos nacional y provincial no están dirigidas a entes abstractos, sino que involucran de forma directa a una trama de funcionarios que son artífices de lo que ocurre hoy en la Argentina y en Entre Ríos y que tienen como principales responsables al presidente Mauricio Macri, representante de los intereses de la gran burguesía, y al gobernador Gustavo Bordet, el mejor alumno de aquel y brazo ejecutor a nivel local del esquema de ajuste y disciplinamiento sobre el pueblo trabajador.

Consejo de Secretarios Generales de AGMER