Las condiciones de vida de la población empobrecida se han agravado en los últimos meses. El encierro por cuarentena imposibilitó el desarrollo del trabajo informal y, si bien el Gobierno Nacional emitió la IFE, hay quienes aún no la han cobrado y otros a los que les resulta insuficiente.  Por eso consideramos que la urgencia en esta etapa es garantizar que ninguna familia se quede sin alimentos.

Luego de reunimos con el gobierno provincial el 5 de mayo, fuimos recibidos nuevamente el día viernes 8 de mayo. Nuestras preocupaciones en relación a los problemas que enfrentan los sectores populares fueron escuchadas y se comprometieron a dar respuestas a las urgencias.  Al mismo tiempo coincidieron en la importancia de que los municipios también actúen en consecuencia, atendiendo las demandas que las multisectoriales de cada ciudad tengan para hacer, habilitando mesas de diálogo.

Valoramos los encuentros y los pasos que empiezan a darse, pero al mismo tiempo nos preocupa la suerte de una parte importante de la población cuyas posibilidades de reunirse con alimentos resulta aún nula. Consideramos imprescindible que el gobierno provincial resuelva urgentemente el suministro de alimentos y ofrecemos las organizaciones sociales para que ninguna familia quede con la mesa vacía.

A su vez, planteamos nuestro posicionamiento claro sobre quiénes deben pagar las consecuencias de la crisis: los sectores que históricamente se han visto beneficiados por las políticas económicas y no nuestro pueblo. En ese sentido, consideremos que es un paso de justicia social el impuesto a las grandes riquezas que se comienza a debatir en el Congreso de la Nación, al tiempo que reafirmamos nuestra posición histórica sobre la suspensión del pago de la deuda externa y su investigación para no pagar lo que no corresponde.

Nos preocupa que mientras una parte de la población hace enormes esfuerzos por sostener la cuarentena, incluso a costa de su propio sustento diario, hay sectores económicos que no dejan de maximizar sus ganancias a costa del pueblo. Denunciamos los despidos de 50 compañeros trabajadores por parte de Granja Tres Arroyos en el departamento Uruguay. El Estado debe intervenir inmediatamente y hacer cumplir la Ley de Prohibición de Despidos promulgada por el gobierno nacional. Se trata de un grupo económico exportador que concentra un porcentaje importante de la producción avícola; no dejó de producir durante la cuarentena y se vieron beneficiados por el régimen de ATP. Exigimos la restitución inmediata de los compañeros a sus puestos de trabajo.

Desde la multisectorial nos comprometemos a profundizar el camino de la unidad de los sectores populares junto a los trabajadores y las pymes de la ciudad y el campo, y  a generar la creación de comités de crisis multisectoriales en cada uno de las ciudades entrerrianas donde sea necesario.

Multisectorial de Entre Ríos