Justo es decir que nuestro sindicato ha sido actor protagónico del proceso de normalización que se dio una década atrás y que tuvo un eje central vinculado a nuestra concepción como AGMER y como entidad de base de CTERA acerca de las luchas por la educación pública: no es posible pensar en una educación pública de calidad, inclusiva, laica y universal sin los derechos laborales de quienes sostenemos día a día los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas, en las escuelas y en las universidades.

Y es desde este lugar que decimos: ningún proceso de nacionalización puede darse ni escindido del contexto en el que se impulsa ni puede abordarse sin las necesarias garantías salariales, de estabilidad laboral, previsionales así como referida a la ciudadanía universitaria como cuerpo de derechos políticos, mecanismos de democratización de la vida institucional y de participación efectiva de estudiantes y docentes en la definición de la autonomía universitaria.

Nos encontramos por cierto en un contexto donde la disputa de sentido se encuentra atravesada por quienes no cesan en pretender avanzar con lógicas meritocráticas, elitistas y privatizadoras. Frente a ello resulta fundamental abordar marcos que garanticen la preeminencia de una educación pública con igualdad, inclusión y donde el financiamiento sigue siendo punto fundamental en las luchas que damos como colectivo docente organizado.

En tal sentido, el proceso de nacionalización, junto al necesario financiamiento de la educación universitaria en cada uno de sus componentes de la enseñanza, la producción de conocimiento, la investigación y la accesibilidad inclusiva a cada uno de sus procesos debe ir acompañada de un cuerpo de garantías básicas:

-Condiciones salariales no menores a los pisos y las composiciones con que cuentan los docentes en la actualidad.

-Preservar y garantizar procesos de estabilidad laboral que no afecten el derecho al puesto de trabajo docente.

-Claridad sobre los esquemas previsionales de las y los docentes que se jubilarían bajo la nueva universidad, contemplando los criterios de solidaridad y complementariedad que supone toda jubilación digna.

-En el mismo sentido sobre la cobertura de Obra Social para las trabajadoras y trabajadores transferidos

Desde nuestro sindicato realizamos oportunamente estos planteos a las autoridades de la Facultad de Humanidades de la UADER en dirección a establecer con claridad como objetivo este conjunto de garantías básicas si pretende avanzarse en un proceso de nacionalización que reconozca no solo a las y los docentes como sujetos de derecho sino que contenga un proceso de discusión democrática sobre las condiciones para una transferencia y donde la claridad de los mecanismos reconozcan el diálogo y el consenso como vía fundamental para las definiciones políticas.

AGMER

Comisión Directiva Central

Viernes 11 de noviembre de 2022