Desde la Comisión Directiva Central de AGMER nos unimos a las voces de todo el país en el repudio a la represión del gobierno de Gerardo Morales a los trabajadores de la educación de la provincia de Jujuy. Al mismo tiempo, rechazamos de plano la promulgación del Decreto Acuerdo Nº 8464-G/2023 firmado por Morales.

Esta norma, que restringe el derecho a la huelga y la manifestación y abre la puerta a las suspensiones y cesantía de las y los trabajadores públicos que se unan a la protesta, atenta contra los derechos consagrados por la Constitución Nacional.
Como hicimos frente a la sanción del protocolo 91 de febrero pasado en Salta, alertamos sobre los aprestos represivos contra la protesta social y las luchas obreras.

Estas normas se unen también al protocolo antipiquete de la provincia de Mendoza impulsado por Patricia Bullrich. Tanto las represiones contra los trabajadores y trabajadoras en lucha, las nuevas legislaciones que habilitan la represión a las manifestaciones y los ejes de campaña de los candidatos del bloque de clases dominante, que prometen mano dura, ajuste y represión, encienden nuestra alarma y exige la más amplia unidad para impedirlo.

Nos solidarizamos con la lucha de los docentes jujeños y el sindicato hermano de ADEP.

Comisión Directiva Central | AGMER