En momentos en que se desarrollaban las transiciones de gobierno, allá en noviembre del año pasado, manifestamos a la comunidad que nuestra sociedad necesitaba (y necesita) con urgencia alcanzar niveles de consenso sostenibles y perdurables, poniendo por encima de todo antagonismo la unidad y el bienestar de las y los argentinos. Somos conscientes, también, que no habrá democracia verdadera con trabajadoras y trabajadores por debajo de la línea de pobreza. Asegurar el empleo y revertir drásticamente la inflación deben ser, claramente, las prioridades a tratar.

Lo que observamos ayer, en el Congreso Nacional, es lo más parecido a una infamia. Las legisladoras y legisladores debatían sobre un proyecto que desconocían, porque el dictamen de la Comisión no contenía ni siquiera los acuerdos y reformulaciones realizadas sobre el mismo. Estamos a las puertas de asistir al mayor despojo jamás conocido de nuestra historia.

Para las y los docentes del país, el Capítulo sobre “Educación” es de extrema gravedad no solo porque avanza sobre derechos históricos, sino que, además, limita el derecho a huelga (14 bis de la CNA) al establecer a la educación como servicio esencial que –encima- suplanta al derecho social de que tiene la misma, principios consagrados en declaraciones y disposiciones internacionales. Ataca nocivamente a la Ley de Educación, allanando el camino a la privatización del sistema educativo y, así, las familias deberán salir a comprar el servicio como quien compra un paquete de yerba en el supermercado. Además, y como si esto fuera poco, elimina la obligatoriedad desde el 4 grado, establece la evaluación a todos los docentes y lo pone como condición para ingreso al sistema educativo. Modifica y limita la Ley de Paritaria Docente, conspirando contra el piso salarial docente nacional y pone en riesgo la continuidad del FONID, del Fondo Compensador, de los programas nacionales como Conectar Igualdad, copa de leche, partidas para construcción y/o mantenimiento de los establecimientos, etc, etc. En conclusión: ataca ferozmente y con saña los principios y la historia misma de la Escuela y de la Educación Pública, que supo ser ejemplo para el resto de las naciones del mundo.

Es por ello que manifestamos con claridad nuestro absoluto rechazo al DNU y al Proyecto de Ley Ómnibus y demandamos, además, la supresión del Capítulo sobre Educación. Sostenemos que la educación necesita de un debate y tratamiento serio, con la participación de todos los sectores involucrados. Un debate que debe ser centralmente nacional, que recorra todo el país y que no sea desde arriba y armado por tecnócratas detrás de una planilla de cálculos.

Alertamos que, si se aprueban la delegación de facultades al presidente, las diputadas y diputados de la Nación violan el Art. 29 de nuestra CNA y serán pasibles del delito de “infames traidores a la Patria”

Volvemos a reiterar e insistir. En Entre Ríos, el diálogo constructivo entre nuestra organización gremial y el actual gobierno nos ha permitido alcanzar recuperaciones salariales de diciembre y, recientemente, de ener0 y, como escasas veces sucedió en la historia, desde inicios de año nos encontramos dialogando sobre salario, con el compromiso explícito de sostener el ámbito paritario. También dijimos que el gobierno de Milei, al desencadenar una inflación desquiciada del 25,5 % es el que le dinamita el camino al actual ejecutivo entrerriano, a menos de dos meses de asumir. Y ahora, con la presión, la amenaza y el chantaje, incluidas las amenazas de Caputo sobre no girar los fondos de coparticipación –junto a la prohibición del Banco Central de no permitir a las entidades financieras provinciales de anticipar fondos para el pago de la masa salarial- ejercen presión a los gobernadores para que las y los diputados y diputadas aprueben disciplinadamente y sin criticar una Ley salvaje y despiadada hacia el pueblo. No nos caben dudas, las políticas de Milei y su sector son las que amenazan los pasos iniciales del gobernador Frigerio.

Llamamos a cada uno de nuestros diputados y diputadas nacionales, más allá del sector político al que pertenezcan a votar por el rechazo de una Ley que todas y todos sabemos que es una infamia, un robo de los sectores de poder y un despojo de nuestros derechos sociales, culturales, económicos, laborales y ambientales.

Si la voluntad y el compromiso es por la defensa de nuestra provincia y del federalismo, cuentan con AGMER. Acompañando, bancando y sosteniendo. Con los mismos principios con los que iniciamos esta declaración.

Comisión Directiva Central | AGMER